ANA DANIELA BARRETO RODRIGUEZ
México enfrenta actualmente su peor recesión en décadas, desatada por la crisis financiera que atraviesa Estados Unidos, su principal socio comercial y por el desplome de la producción petrolera, su principal fuente de ingresos.
Esta situación ha creado la necesidad de un reajuste en las políticas de gasto y recaudación fiscal, ya que ésta reducción en los ingresos fiscales merma y entorpece el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, obligando una reestructuración integral e impostergable de las finanzas públicas, haciendo necesaria la ampliación de la base tributaria.
Ante los serios problemas fiscales que la actual crisis global ha ocasionado, se ha impulsado el debate de la legalización y fiscalización de la cannabis o marihuana, como alternativa de recaudación tributaria.
En el debate sobre políticas de drogas, cada vez cobra mayor aceptación la idea de que hablar sobre “drogas” en términos generalizadores, no es muy útil, debido a la necesidad de establecer una distinción más sutil para definir las medidas de fiscalización adecuadas, dependiendo de las características concretas de las sustancias, sus riesgos sanitarios, las dinámicas de sus mercados y sus grupos de consumidores. (Jelsma, 2009, p.16).
Entonces, ¿por qué legalizar la marihuana y no otra droga? Se ha comprobado científicamente que la marihuana es útil como sustancia medicinal para aliviar el dolor en enfermedades graves o para estimular el apetito en enfermos de sida y cáncer. Algunos la ven simplemente como un estimulante, semejante al tabaco o alcohol, que solo es peligrosa si no se consume de forma moderada (Earleywine, 2005), sin embargo, pese a la impopularidad de la marihuana no se ha registrado ni una sola muerte causada por el consumo de esta sustancia.
No obstante, debido al carácter polémico de la alternativa de recaudación aquí propuesta, considero necesario que esta nueva forma de recaudación sea usada para la construcción de un autentico estado de bienestar y no únicamente como herramienta de desahogo financiero.
Actualmente México vive una guerra contra el narcotráfico, la cual es financiada con presupuesto federal; a través de cuatro dependencias que están concentradas casi exclusivamente en esta lucha: las Secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
El presupuesto de estas cuatro Secretarías de Estado, se ha incrementado de 66,033 millones de pesos en 2007 a 103,843 millones en 2010, el equivalente a un incremento de 57.26% a lo largo de la actual administración, encontrando su justificación en la actual guerra contra el narcotráfico.
La Secretaría de Seguridad Pública presentó un incremento presupuestal de 137.39%, es decir, de 13,664 millones de pesos en 2007 pasó a 32,437 millones para el actual ejercicio fiscal. El presupuesto de la Secretaría de la Defensa pasó de 32,200 millones de pesos en 2007, a 43,632 millones de pesos en 2010, es decir, se incrementó un 35.5% su presupuesto. La Secretaría de Marina amentó su presupuesto en un 46.02%, pasó de 10,951 millones de pesos en 2007, a 15, 991 millones en 2010. Y el presupuesto de la Procuraduría General de la República, pasó de 9,216 millones en 2007, a 11,781 millones en 2010, el equivalente a 27.83%.
Para hacer algunas comparaciones, en el presupuesto del presente año, el acumulado de gasto de estas cuatro dependencias dedicadas hoy de lleno a la seguridad y al combate al narcotráfico equivale a 103,843 millones de pesos, cantidad que ya es superior al presupuesto de secretarías como la de Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Comunicaciones y Transportes o cualquier otra, excluyendo la secretaría de Educación.
A pesar de los elevados costos de inversión para abatir el narcotráfico, no se ha logrado mejoras en la reducción la corrupción y la violencia. El envenenamiento por sobredosis o de manera accidental como resultado de productos sin controles de calidad, los crímenes contra la propiedad que resultan del elevado precio de las drogas recreacionales en el mercado negro y la violencia resultado de los desencuentros entre comerciantes ilegales, ya que estas son consecuencias de la actual prohibición del mercado.
Para obtener mejores índices de desarrollo es necesario apostar por la inversión social y productiva, lo cual se podría lograr redirigiendo el gasto improductivo de la actual guerra contra el narcotráfico, ya que las políticas actuales no dan alternativas de desarrollo para el país.
En México, la portación de pequeñas dosis para estricto consumo personal se despenalizó en abril del año pasado, permitiendo a los consumidores portar hasta cinco gramos de mariguana, con la finalidad de diferenciar a consumidores de vendedores (El Universal, 2009). Sin embargo, esta medida no es suficiente ya que no reduce las consecuencias indeseables y los costos indirectos del mercado ilegal de cannabis. Causando que el abuso de drogas, que solía limitarse a determinadas zonas de México, se está extendiendo por todo el país, fenómeno que se puede atribuir en parte al efecto indirecto del narcotráfico y a los intentos de las organizaciones de narcotraficantes de crear mercados locales. (JIFE, 2010)
De acuerdo a las autoridades mexicanas y estadounidenses (PGR y DEA) las organizaciones narcotraficantes obtienen la mayor parte de sus recursos de la venta de marihuana. Siendo la marihuana el principal generador de dinero ilícito. Las ganancias producto de la marihuana sirven para la compra de insumos de anfetaminas y cocaína. (CNN Expansión, 2009)
El reporte anual de la estrategia internacional para el control de narcóticos divulgado por el Departamento de Estado señaló que a pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano, el área de cultivo para marihuana ha continuado creciendo. El reporte dijo que el área había crecido 35 por ciento en 2009 a cerca de 12 mil hectáreas. (Informador, 2010)
Sin embargo, debemos considerar que el mercado de estupefacientes es ilegal, por lo tanto, las cifras oficiales pueden ser menores a la producción real, enfatizando aun más las ventajas que la fiscalización de este bien abundante, traería a la economía del país.
En caso de legalizarse el uso de la marihuana podrían existir diversos beneficios económicos: Se generaría un impacto sobre las finanzas públicas al eliminarse el negocio ilícito y reducir sus ganancias extraordinarias, así como la creación de negocios ordinarios.
Es conocido que las altas ganancias del narcotráfico se deben a su ilegalidad, así al eliminar la fuente de sus precios altos, el negocio del narcotráfico sufría una dramática caída en sus ganancias, lo que podría llevar algunos narcotraficantes a la quiebra. De esta forma se genera un doble impacto sobre las finanzas públicas, pues, por un lado se crea un flujo de impuestos que pueden ser usados para el bienestar social; por otra parte, se reducen los gastos improductivos del gobierno, como los recursos destinados al combate frontal de las drogas, los gastos de las prisiones, los costos de disuasión y jurídicos, ya que la legalización de las drogas reduciría la población carcelaria. La liberación de estos recursos podría ser usada en otras actividades económicas que redunden en un beneficio social.
Incluso su principal socio comercial, está considerando esta medida de recaudación fiscal, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger aseguró que su estado debería estudiar la posibilidad de legalizar la marihuana como fuente para obtener nuevos ingresos públicos, en ese estado fue presentada una propuesta a principios de año por el parlamentario demócrata Tom Ammiano que aconsejaba legalizar la droga y tasarla con 50 dólares en impuestos por cada 1,5 kilos. (Terra Noticias, 2009)
El estado de Oakland es pionero en la fiscalización de la cannabis, no solamente permite el consumo si no que, también se paga $1.20 por cada $1,000 dls en venta. No obstante, este año diversos grupos activistas a favor de la fiscalización de esta sustancia, han impulsado una propuesta para gravar este impuesto a $18 por cada $1,000 dls de venta, dicha propuesta ha sido bien recibida por la población.
En varios países del mundo el consumo de mariguana también está despenalizado, Holanda es precursora en este tipo de políticas contrarias al prohibicionismo. Desde 1976, se ha dejado de criminalizar el consumo de la cannabis en los Países Bajos. La distribución de la cannabis se da, a través del sistema de los “coffee shops” como centros de venta y consumo, estos son regulados por el Estado. En Portugal, España, Alemania, Italia, Dinamarca, y la República Checa, el consumo de cannabis se ha despenalizado, fijando las cantidades máximas que los consumidores pueden portar sin ser criminalizados.
Esta propuesta sería factible estableciendo un sistema de mercado regulado, a través de la inclusión de la marihuana en el actual sistema tributario, gravándola con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este impuesto tiene un carácter correctivo, debido a que grava actividades que generan efectos sociales negativos, como es el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco.
Una de las potenciales ventajas de la perspectiva de legalizar la marihuana y fiscalizarla a través de la aplicación de impuestos, es que es políticamente atractiva. Provee al gobierno de ingresos extras y permite la crítica y la condena del producto a través de estos altos impuestos específicos. Ya que una tasa impositiva baja, tiene poco efecto sobre el consumo. Sin embargo, debemos considerar que una tasa alta generaría incentivos para comprar y comercializar a través del mercado negro.
Contrariamente a la creencia popular, legalizar no necesariamente nos llevará a un aumento significativo del consumo si es combinado con altos impuestos. De hecho, políticas que combinan legalización e impuestos junto con incrementos en gastos para programas de tratamiento y prevención financiados con una pequeña fracción de los ingresos por impuestos a la venta y el consumo, tienen el potencial de generar ingresos través de impuestos sin incrementar el uso de drogas.
El sistema tributario en México carece de la visión de planeación estratégica. En su función recaudadora, es ineficaz y excesivamente dependiente de los ingresos petroleros, lo que ha producido que toda su función fiscalizadora la concentre en muy pocos contribuyentes, la legalización de la cannabis es una medida coyuntural, que extenderá la base fiscal actual. Bajo una legalización total, la producción, distribución, venta y posesión de drogas son legales; la ley trataría a la marihuana como cualquier otro bien.
La posible regulación de este mercado crecerá la actual base tributaria, generando un doble impacto sobre las finanzas públicas, pues, creara un nuevo flujo de impuestos que pueden ser usados para el bienestar social; y se reducirán los gastos improductivos del gobierno.
Fuentes:
Crece en México el cultivo de marihuana en 2009 (2010) Informador [Internet] 01 de Marzo. Disponible en:
Earleywine, Mitchell. (2005) Entender la marihuana: reconsiderando la evidencia científica. Barcelona, España: ELSEVIER.
El negocio de la Cannabis. (2009) Terra Noticias. [Internet] 08 de mayo. Disponible en:
Jelsma, Martin. (2009) Innovaciones legislativas en políticas de drogas. Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Ámsterdam: Transnational Institute (TNI). Disponible en: http://www.drogasedemocracia.org [Acceso el 07 de Diciembre de 2009].
Informe anual 2009 (2010) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Naciones Unidas: Nueva York, EUA. Disponible en: < http://www.incb.org> [Acceso el 06 de abril de 2010]
Narco SA, una empresa global. (2009) CNN Expansión. [Internet] 20 de julio. Disponible en: < http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/07/17/narco-sa> [Acceso el 08 de abril de 2010].
Senado avala portación de drogas para uso personal. (2009) El Universal. [Internet] 29 de abril. Disponible en:
